Hoy se actualizan sueldos, retribuciones de magistrados y funcionarios, tarifas, impuestos, tasas, contribuciones, alquileres, jubilaciones, todo tipo de precios de bienes y servicios, presupuestos, préstamos, indemnizaciones de empleados de casas particulares, etc.
𝗧𝗼𝗱𝗼 𝘀𝗲 𝗮𝗰𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮, 𝗺𝗲𝗻𝗼𝘀 𝗹𝗼𝘀 𝗰𝗿𝗲́𝗱𝗶𝘁𝗼𝘀 𝗿𝗲𝗰𝗹𝗮𝗺𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗷𝘂𝗱𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲.
Ello constituye un atropello al derecho de propiedad de todo acreedor condenado a litigar en sede judicial.
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